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EN ESPAÑA, A SALVO INTEGRACIÓN EDUCATIVA

Por: Katia D’Artigues
sociedad@eluniversal.com.mx
El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/1026.html

3/octubre/2008

Amparo Valcarce lleva décadas en el mundo de la discapacidad. Primero como profesora e inspectora de educación y luego como parte del movimiento de familias cuando hace ya 19 años nació su hija Marta, quien tiene autismo. Hoy es la secretaria de Estado del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, encargada de la implementación de las políticas públicas relacionadas con la población española discapacitada.

Empezamos hablando de la Ley de Dependencia, aprobada y publicada en la pasada gestión de Zapatero: una ambiciosa ley que garantiza que todo ciudadano español —aun con una discapacidad severa que lo lleve a ser dependiente de alguien más todo el tiempo— tenga garantizado ese derecho a cargo del Estado. Una ley a la que le tienen presupuestado un punto del Producto Interno Bruto del país, 4 mil 500 millones de euros, escalonados para 2015, que garantizaría cobertura universal. Y que no sería posible sin los pasos anteriores: integración educativa obligatoria hasta los 16 años, integración laboral, derecho a la salud y lo que ella llama “accesibilidad universal”: eliminar toda barrera que impide que las personas con discapacidad gocen de todos sus derechos, ratificados en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad impulsada por México en 2002.

¿Y todos los alumnos, con o sin discapacidad, están en la misma aula?

No podemos garantizar plena igualdad si no estamos compartiéndolo todo. Si un niño necesita un apoyo especial por esa discapacidad, debe recibirlo de sus compañeros en la misma aula.

En educación hemos hecho un esfuerzo también en el acceso a la universidad. En España, 9% de la población tiene algún tipo de discapacidad, sin embargo, menos de 2% de las personas con discapacidad están en la universidad. También tendría que haber 9%.
¿Ya están en un punto en el que no se cuestiona la integración?
En absoluto. Ni por el gobierno ni por la oposición. Llevamos trabajando desde el 80 en ello.

¿Y por los padres de familia?

No, ¡tampoco! Para determinadas discapacidades muy graves se hacen centros específicos, pero porque son centros para un trabajo más intensivo. Habitualmente se hace integración y excepcionalmente, centros especializados.

¿Todos los profesores están preparados para recibir a cualquier niño con discapacidad en su aula? ¿Todo maestro de cualquier nivel?

Sí, todos reciben en su formación lo que aquí se denomina el “CAP”, que es el Curso de Actitud Pedagógica, después de la licenciatura. Un programa tipo master de formación pedagógica, que tiene un área orientada a formarles para la integración en el aula de las personas con discapacidad.

¿Cómo fue el proceso de iniciar la integración hasta hacerla generalizada, a vuelo de pájaro?

Hicimos un programa experimental en los 80. Durante diez años hicimos programas experimentales, en todos los niveles del sistema educativo. Los centros tenían que pedirlo voluntariamente: el claustro de profesores y las familias. Se premiaba al centro y a los profesores. A los profesores con complementos salariales, pero también con formación y mejor equipamiento para el centro. Estos incentivos también contribuían al prestigio de ese centro. Luego hicimos evaluaciones. También de expertos de la OCDE, de la UNESCO. Al ver cómo funcionaba, se pudo generalizar por ley, obligatorio, con la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) en 1990.

¿En qué momento se incorporó al currículum de los maestros la formación?

En la misma etapa. Si es importante la educación, no lo es menos la formación. Ahora, cerca de dos millones de personas con discapacidad tienen un empleo. Queremos llegar a los tres millones en los próximos años. Es un objetivo ambicioso, pero lógico: creemos que la integración pasa por el empleo. Todos esos niños y jóvenes en los que hemos hecho una gran inversión en su educación y en su formación, ahora no les podemos decir que se tienen que quedar en casa recibiendo una pensión. Ellos se han esforzado mucho; sus familias han hecho una inversión en esperanza y hay que darles la oportunidad de un empleo.
El 5% de las plazas de la administración pública son para personas con discapacidad. El 3% en las empresas.

¿Es obligatorio ese 3%?

Sí. A las empresas les cuesta trabajo, por eso, hemos hecho una serie de reformas que llamamos “Enclaves Laborales”. Si una empresa no lo puede garantizar, tiene que contratar a un centro especial de empleo donde sólo trabajan personas con discapacidad. O bien comprar productos que esa empresa necesita al centro especial de empleo. Tenemos más de 500 empresas que son centros especiales de empleo.
La autoestima de una persona con discapacidad se eleva cuando sale a las ocho de la mañana como cualquier otra a trabajar y recibe un sueldo. Donde sea, según sus habilidades, posibilidades y calificaciones.

Queda pendiente la salud

Los cambios en salud están haciendo que las personas con discapacidad envejezcan. Hemos sido capaces de ofrecerles más calidad de vida.
Nuestro sistema de salud garantiza universabilidad. Desde la posibilidad de tener un implante coclear para una persona sorda, a las operaciones más sofisticadas en el caso de la ceguera o cardiopatías en el caso de personas con síndrome de Down. Todo está cubierto. Todas las prótesis, órtesis. ¿Qué beneficios comporta? Calidad de vida, que hace que la educación y sanidad nos permitan afrontar nuevos retos, como empleo y dependencia.