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La discapacidad tiene fuertes dimensiones e impacto económicos, tanto para la persona con discapacidad, su familia, el Estado, las empresas, es un tema que corresponde a todo un país, y es toda la sociedad la que debe actuar al respecto.

Según el Banco Mundial existen más de 600 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población mundial, que viven con alguna forma de discapacidad y como resultado de ello, se ven excluidas del lugar que les corresponde dentro de sus propias comunidades. Sobre todo en países en desarrollo, las personas tienen pocas posibilidades para desempeñarse en trabajos con un sueldo digno y excluídas de los procesos políticos, las personas con discapacidad tienden a ser las más pobres entre los pobres dentro de una población mundial de 1.3 mil millones de personas que subsisten con menos de un dólar diario.

El Banco Mundial señala que “La consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) requiere concentrar los esfuerzos en las PCD, por diversas razones: Las PCD se ven excluidas de la vida social y económica, por lo que suelen quedar al margen de las medidas destinadas combatir la pobreza” y muchas veces se dedican a la mendicidad en las calles como única alternativa para subsistir.
Los ODM son los compromisos que hicieron los líderes mundiales en Naciones Unidas en septiembre del año 2000 para reducir la pobreza en el mundo antes de 2015.

Esta exclusión no sólo afecta a esta población, sino también a sus familias y comunidades.

Además, se tiene información de que las personas con discapacidad también corren un mayor riesgo de contagiarse con Sida debido al abuso físico, a la falta de intervenciones y de actividades de extensión adecuadas en materia de prevención.
La Fundación para la Superación de la Pobreza en Chile, plantea en un estudio que, “En general, la incidencia de la pobreza es más alta en los grupos de población que tienen alguna discapacidad. Si analizamos la población dentro de cada tipo de discapacidad, se aprecia que las de tipo mental junto con las relacionadas con el habla y la visión son las tienen mayor incidencia de indigencia y pobreza no indigente, ubicándose sobre el promedio nacional".

En un texto publicado en el portal Chile Inclusivo titulado Pobreza y Discapacidad, de por Carlos Kaiser, investigador y defensor de derechos humanos, que hasta poco formó parte del Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile, , se hace referencia a una encuesta sobre discapacidad realizada en América Latina en la que se plantea que la situación económica de las personas con discapacidad se descompone en un 5.1% que corresponden a la suma de las clases media alta y alta, 55.4% corresponde a clase media y 39.5% a clase baja
Estas mediciones parecen ser inexactas cuando se contrastan con la información que la propia encuesta da sobre la cantidad de personas con discapacidad que tienen acceso al trabajo y a la educación.
Se podría inferir que podría tratarse de que la situación económica de la persona con discapacidad fuese “subsidiada” por algún familiar. Esto sería contradictorio con otros puntos señalados por la misma encuesta. Los menores de edad deben ser “mantenidos” por sus tutores legales, pero la mayoría de las personas con discapacidad son adultos.

Según explica el investigador chileno, “el error se produce al preguntar por “clase “, dicha definición conlleva factores socio- culturales, no es una medición de la situación económica pura”.

Kaiser plantea que el dato contrasta aún más cuando se consulta sobre cuánto le ha afectado su discapacidad en lo económico. El 18,4% asevera que le ha afectado nada, el 25,3% dice que poco, el 50,7% señala que mucho, mientras que el 5,6% indica que le ha afectado en extremo.

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional en Chile realizada en 2006, según el investigador, es más clara a la hora de identificar la situación económica de las personas con discapacidad. La encuesta concluye que, en general, la población con discapacidad se concentra en los deciles de menores ingresos.

La encuesta realizada en América Latina indica que al 81.6% de la población con discapacidad se ha visto afectada en algún nivel en lo económico debido a su discapacidad. El investigador plantea que, “el desarrollo económico de las PCD es un tema país que debe ser enfrentado mediante el desarrollo de planes y programas y no solo con medidas parches que atienden apenas a necesidades inmediatas.

Y propone que “para lograr la plena inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y su familia, debemos solucionar problemas de infraestructura. Si la persona no entra al edificio entonces no participa. Si la persona no tiene acceso a la información, entonces ve mermada su capacidad de opinar y decidir. La democracia no es tal si excluye a algunos sólo por ser diferentes. Sin acceso a la educación, al empleo, al esparcimiento, a la cultura, a la política, la persona con discapacidad ve que sus derechos existen sólo en el plano declarativo”.

Finalmente Keiser sentencia que, “los planes de superación de la pobreza deben ser más riguroso en torno a la variable discapacidad. Si la persona ve restringida sus posibilidades de participar, será muy difícil que logre superar la pobreza y que salga de la mendicidad”.

Fuentes:
http://chileinclusivo.bligoo.com
http://www.mideplan.cl/casen/
http://www.fundacionpobreza.cl/