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Entra en vigor la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México

El diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, José Manuel Ballesteros López, informó que hoy entró en vigor la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, la cual promovió desde este Órgano Legislativo para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y así eliminar cualquier forma de discriminación y fomentar la igualdad.

Aseguró que con esta Ley, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las personas de este grupo de población tendrán más y mejores formas de transitar e ingresar a los lugares públicos y privados, ya que obliga al Gobierno y a los particulares, a que lleven a cabo los ajustes necesarios en sus instalaciones para que cada persona con discapacidad pueda utilizar sin ningún obstáculo cada uno de los espacios de esta ciudad.

En este sentido, el diputado Manuel Ballesteros explicó que con la aplicación de esta Ley, se otorga accesibilidad al entorno físico, a las edificaciones, a los espacios públicos, a la información en las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y al transporte, a las personas con discapacidad que habitan y transitan en la Ciudad de México.

“Todas las edificaciones públicas y privadas que presten servicios al público, que se construyan a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se ajustarán a los criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada que se dispongan en la presente Ley, reglamentos, normas técnicas y demás ordenamientos aplicables en la materia; asimismo, en las edificaciones existentes, se deberán realizar los ajustes razonables y adaptaciones, considerando la aplicación de criterios de accesibilidad de manera progresiva”, agregó.

Explicó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México y el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en colaboración con los entes de gobierno de la Ciudad de México, darán promoción a las campañas y acciones de sensibilización mediante foros, talleres, exposiciones, cursos, entre otras actividades, fomentando el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Fuente: http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entra-vigor-ley-accesibilidad-ciudad-mexico–30061.html

Premio CLARES

El 14 de octubre CONFE recibió el Premio CLARES (Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social), en la categoría de Fundación Social. Este premio es el máximo reconocimiento en el campo social que otorga CLARES, respaldado por la Universidad Anáhuac de México, a aquellos organismos o instituciones que cumplen con un excepcional desempeño en causas sociales, constituyendo un ejemplo para las generaciones actuales y futuras.

Esta distinción se asigna en diferentes categorías y lo compartimos con Grupo Lala como Empresa Social, la Embajada de Ecuador como  Autoridad de Gestión, el Papa Francisco en  la categoría de Líder Social y Fundación Azteca.

Fuimos seleccionados por el trabajo de colaboración y asesoría que brindamos para la formación del Diplomado en Habilidades Sociales y de Comunicación, en donde jóvenes con discapacidad tienen acceso a la vida universitaria con apoyos que los fortalece para que esta experiencia sea exitosa.

En este ciclo dos jóvenes de CONFE lo están cursando y  recibieron este Premio junto con María Quijano, que forma parte del Patronato de nuestra institución.

Este reconocimiento es un gran honor para CONFE y nos compromete aún más  en nuestro quehacer diario.

Premio CLARES

¿Representantes especiales?

Alertan sobre decisión histórica de ministros de la Corte el 17 de agosto: Deben garantizar pleno acceso a la justicia de personas con discapacidad.

Fuente de la noticia: www.presunciondeinocencia.org.mx

Ley de Amparo impone representantes especiales a personas con discapacidad

  • ¿Tú necesitas un examen médico para tener derechos? ¡Corte pretende que ellas sí!
  • Ministros deben ceñirse a normas de ONU al resolver sobre queja por Ley de Amparo

El miércoles próximo [agosto 17, 2016] la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomará una decisión histórica relacionada con la queja número 57/2016, que será determinante para avanzar o retroceder en el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial en México.

En junio de 2015, 138 personas con diversas discapacidades, intelectual en su mayoría, presentaron una demanda de amparo contra la Ley de Autismo.

Sucedió que, sin consultarlas, en el juicio de amparo el juez designó una abogada a la que no conocen, argumentando que la Ley de Amparo (Artículo 8) lo obliga a imponer un abogado a las y los niños y a las personas con discapacidad, sin importar que estas últimas sean adultas y dispongan de sus propios abogados. Esta fue la razón específica por la cual presentaron dicha queja.

Finalmente, el 3 de agosto la Corte publicó el borrador de sentencia que votarán los ministros el miércoles, misma que estuvo a cargo del ministro Eduardo Medina Mora y donde, entre otras cosas, se dice que:

  • La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es parte de la Constitución, y
  • Cuando dichas personas participen en un juicio, el juez debe ordenar que se les haga un “diagnóstico” para decidir si les designa un representante especial.

No estamos de acuerdo con esto, por las siguientes razones:

  • ”Diagnosticar” la discapacidad e intentar que las personas con esa condición funcionen como otros corresponde a la antigua visión del modelo médico. La CDPD obliga a no seguir esta idea, determinando que es la sociedad la que tiene que cambiar para que
  • esas personas vivan “en igualdad de condiciones con los demás”.
  • Debe dejarse de estigmatizarlas y segregarlas, tienen derecho a ser tratadas como las
  • personas que son.
  • En este caso, nadie puede condicionar ni limitar sus derechos.

En el borrador de sentencia mencionado el ministro Medina Mora impone nuevas obligaciones a l@s jueces cuando una persona que participa en un juicio de amparo dice tener una discapacidad: Debe ordenar que la examinen médicos y otros expertos para probar si por su discapacidad necesita se le nombre un abogado. ¡Pero a nadie más que a ell@s se le impone este requisito en un juicio de amparo, por lo cual es una forma evidente y ofensiva de discriminación! Estos exámenes dificultarían y retrasarían sus juicios solo por tener una discapacidad. Violarían su derecho de acceso a la justicia.

Lo anterior contradice a la CDPD, según la cual gozan de los mismos derechos que los demás y debe tratárseles con igualdad, sin discriminación.

Si la Corte toma una decisión que atente contra su legítimo interés, causará que las personas con discapacidad enfrenten todavía más dificultades para defender sus derechos en juzgados.

Este “diagnóstico médico” y la imposición de un abogado no es algo que deseen ni necesiten; no es un “apoyo” para que tomen sus propias decisiones, ni un “ajuste razonable”, como lo establece la CDPD.

Lo que tiene que hacer el juez es preguntar a las personas con discapacidad si desean que se les designe un representante especial, pudiendo ellas responder por escrito o verbalmente, como un ajuste de procedimiento que requieren y brindárselo.

Exigimos a los ministros de la Corte que tengan en cuenta todo esto en su resolución. Ellos y toda la gente tienen que entender que “nada de nosotros sin nosotros” significa que nadie mejor que las personas con discapacidad saben lo que necesitan y quieren, que tienen el derecho a tomar sus propias decisiones, y que todos debemos tomarlas en cuenta y respetarlas. Esto es lo que dice la Convención y lo que tiene que prever la resolución.

Solicita mayor información sobre la queja ante la Corte o entrevistas con las personas que las promovieron, vía gbarrena@unam.mx

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Exige que este miércoles la Corte resuelva en favor de las personas con discapacidad